Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas. Por primera vez, la justicia ha acreditado la financiación irregular del partido hegemónico en Cataluña, que el expresident socialista Pasqual Maragall bautizó —y popularizó— con el nombre de “3%” en una histórica sesión en el Parlament en 2005. Las mordidas se extendieron durante al menos una década, de 1999 a 2009, lo que engloba tanto los últimos años de Jordi Pujol al frente de la Generalitat como la etapa de Artur Mas como jefe de la oposición.
En una sentencia sin paliativos, la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha ordenado el pago de esos 6,6 millones y ha condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel —por tráfico de influencias y blanqueo de capitales— al extesorero Daniel Osácar, el único miembro del partido que se ha sentado en el banquillo. En línea con lo que sostuvo el fiscal Emilio Sánchez Ulled, los magistrados creen que “altos responsables” de la formación nacionalista participaron en la trama para presionar a cargos públicos de las administraciones que controlaban y garantizar las adjudicaciones a Ferrovial. Los jueces han acreditado pagos ilegales en cuatro obras; dos de ellas, grandes infraestructuras como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia donde se celebró la vista.
La sentencia llegó este lunes, ocho años y medio después de que los Mossos d’Esquadra registraran el Palau de la Música para buscar pruebas del presunto desvío de fondos perpetrado por sus dos máximos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull. La Audiencia de Barcelona ha impuesto una pena de nueve años y ocho meses de cárcel para Millet, de siete años y medio para su mano derecha, y de cuatro y medio para la hija de éste y exadministradora financiera, Gemma Montull. Tras conocer la sentencia, la Fiscalía ha pedido que se celebre una comparecencia en la que solicitará medidas cautelares contra los tres y también contra Osácar. En el caso de Millet y Montull, podría solicitar el ingreso en prisión aunque la sentencia no sea firme, según fuentes judiciales. Los condenados (12 de un total de 16 acusados) ya han expresado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo.
Millet y Montull confesaron haber desviado fondos del Palau en beneficio propio, incluidos casi 650.000 euros en viajes de lujo por medio mundo (Maldivas, Polinesia, Kenia...). La justicia ha cifrado finalmente el expolio en 23 millones de euros. En el juicio, tras años de escrupuloso silencio, los saqueadores confesos acabaron admitiendo también que el Palau sirvió como tapadera para que Ferrovial financiara a Convergència. Sus testimonios acabaron de apuntalar una acusación que, como recoge la sentencia, incluye abundante documentación incriminatoria. En un documento, por ejemplo, aparecen alusiones a obras, importes y hasta porcentajes junto al nombre de los tesoreros Carles Torrent (fallecido en 2005) y Osácar.
La constructora, según ve probado la sentencia, camuflaba esas mordidas como donaciones altruistas al Palau de la Música. El importe suponía, por lo general, el 4% de la obra adjudicada: un 2,5% iba a parar a las arcas del partido y el 1,5%, a los bolsillos de Millet y Montull, que se prestaron a hacer de intermediarios.Pese a considerar probada la financiación irregular de Convergència, han sido absueltos —por prescripción— los dos exdirectivos acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. En una nota, Ferrovial aseguró que es “ajena” al destino de los fondos que entregó al Palau y defiende que las adjudicaciones de obras “se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica”.
Periódico Digital El País