El largo periodo que algunos gobernantes permanecen en puestos políticos, así como los extensos tiempos de la justicia, en ocasiones dejan imágenes como la que se puede apreciar estos días en la Audiencia Nacional. Un grupo de octogenarios desfila desde ayer por los pasillos de la sede del alto tribunal situada en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, con el fin de dar explicaciones sobre su gestión al frente de distintos cargos públicos durante la época de Jordi Pujol i Soley como presidente de la Generalitat catalana.
Cuando nació Maciá Alavedra Moner hace 82 años en Barcelona, ni siquiera había estallado aún la Guerra Civil en España. Sus buenas relaciones con el 'patriarca' de los Pujol le permitieron asumir diferentes cargos en altas instituciones autonómicas, como el Parlamento de Cataluña, antes de alcanzar el puesto de 'conseller' de Economía de la Generalitat entre 1990 y 1997. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, sin embargo, le juzga estos días por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por unos hechos cometidos durante la primera década del presente milenio.
Su mujer, Doris Malfeito Torrella, un año mayor que Alavedra, también hubiera estado encausada en el mismo procedimiento de no ser porque falleció antes de que concluyera la instrucción. La Fiscalía Anticorrupción entendía que su participación en las actividades delictivas de su marido había sido "esencial". Al igual que lo fue, a criterio del ministerio público, la colaboración de María Lluïsa Mas Crusells, la mujer de Lluís Prenafeta, quien ostenta la dudosa categoría de ser uno de los principales imputados en el denominado caso Pretoria junto a Alavedra y Luis Andrés García Sáez, que juzga la mencionada Sección Segunda de la Audiencia Nacional.
La contienda bélica española aún daba sus últimos ramalazos cuando vio la luz Prenafeta (Lleida, 17 de marzo de 1939), que hoy acude a la citada sede del alto tribunal bien vestido junto a su esposa, nacida apenas tres años después. A sus casi 78 años, el acusado —que llegó a ser secretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990— de tráfico de influencias y blanqueo por hechos cometidos también durante la primera década del presente siglo tendrá que acudir todos los días que dure el juicio de la Audiencia Nacional junto a su mujer, un poco más joven pero ya con evidentes signos de haber sobrepasado los 75 años.
Prenafeta no tendrá más remedio, después de que su abogado, Juan Córdoba, solo haya podido alcanzar un acuerdo con la Fiscalía respecto a Alavedra, su otro cliente, que hoy declarará ante el tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel con el fin de ayudar a arrojar luz de cara al esclarecimiento de los hechos y a colaborar en el encaje de piezas. Así lo ha reclamado la Fiscalía, que ha llegado a un acuerdo con Alavedra, quien deberá admitir los hechos relatados por el ministerio público a cambio de aceptar el pacto que le permitirá dejar de desfilar por los pasillos de la Audiencia Nacional durante los próximos días.
Tanto Prenafeta como Alavedra, que mantenían una "relación personal" con Pujol —como describe Anticorrupción—, "se concertaron" con Luis Andrés García, que tenía una gran influencia en varios municipios, para "planificar y ejecutar el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones", lo que permitió a los tres "recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios" que se hacían con los concursos gracias a esas relaciones personales.
Los tres, considerados los cabecillas de la trama, utilizaban "un complejo entramado societario y diversas cuentas bancarias situadas en territorios 'offshore" para "ocultar cuantiosas ganancias" procedentes de las mencionadas actividades delictivas, ya sea del citado cobro de comisiones, ya sea mediante la evasión del pago de impuestos a la Hacienda Pública.
Pero el paso del tiempo no se evidencia únicamente en las caras de los 'abuelos' que se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. También en hechos procesales puntuales, como la petición de Córdoba al tribunal. El abogado ha alegado que el delito de blanqueo ha prescrito en relación a su cliente Prenafeta, por —como ha argumentado— "la elemental razón de que han transcurrido más de 10 años" desde 2003, cuando se analizó el último ejercicio contra el acusado, sin que se haya interrumpido con una resolución.
El argumento, aunque fue inicialmente rechazado por el tribunal, al considerar este que no era el momento procesal oportuno, sí sirve para dar cuenta de las características de este proceso y de lo ajustados que se han tornado los tiempos y las demás circunstancias —como los citados largos periodos de los dirigentes en la Administración— que han derivado en las imágenes anteriormente narradas.
Prenafeta y Alavedra se enfrentan a siete años de prisión, uno menos que García y el doble de tiempo que afronta la esposa del primero, Mas Crusells, quien podría ser condenada a tres años y seis meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales. Se trata de los principales acusados de un entramado ya entrado en años en el que, además de intermediarios con influencia sobre los poderes públicos —como los cabecillas—, también hay colaboradores, empresarios, alcaldes y concejales que formaban parte de esta presunta red de corrupción que afloró en Cataluña a principios de milenio y que pareció marcar el principio de la lucha contra este tipo de funcionamiento corrupto.
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