Se produce corrupción legislativa cuando los poderes públicos, en la elaboración de una ley o disposición de carácter general, actúan favoreciendo el interés particular en vez del interés público o bien actúan contraviniendo normas jerárquicamente superiores, como la Constitución Española. Este tipo de corrupción puede producirse en el ámbito del poder legislativo (Cortes Generales estatales y Parlamentos Autonómicos) o bien en el ámbito del poder ejecutivo cuando este aprueba reglamentos o disposiciones de carácter general (Ejecutivo estatal, autonómico o Ayuntamientos).
Recientemente, con motivo de la aprobación de la coloquialmente llamada Ley de Tasas, han sido varias las opiniones que han sostenido que dicha norma es claramente contraria al artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De ser cierta dicha premisa, podrían considerar éste como un caso de corrupción legislativa, en el cual se ha visto perjudicado un derecho fundamental de los ciudadanos dando prioridad a otros intereses no reconocidos en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.
Por otro lado, también hay voces en la sociedad y en el mundo académico que consideran que podría ser ilegal la normativa relativa a la nacionalización de las entidades financieras asumiendo las pérdidas de éstas a través de aportaciones directas del Estado, es decir, socializando la pérdida de entidades lucrativas privadas. Se arguye que no se puede, mediante una Ley, favorecer intereses privados, como se hace al asumir las pérdidas de una entidad financiera con el dinero del Estado.
