El presidente de la mayor empresa cervera Dam Demetrio Carceller Arce y su padre Demetrio Carceller Coll; ambos imputados por delito fiscal y blanqueo de capitales, finalmente evitarán la cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.
Poco antes del juicio que se iba a celebrar contra los Carceller, la Fiscalía se reunía en el último minuto para negociar y evitar así, la ya asegurada pena de cárcel para ambos y su juicio.
El pacto contemplaba un pago de unos 90 millones de euros aproximadamente en concepto de multa y de responsabilidad civil; es decir, el resarcimiento del daño a las arcas públicas. Finalmente, el que es considerado como uno de los mayores fraudes fiscales de la historia de España reciente, se saldará con el pago de 92, 7 millones de euros. Los acusados rubricaron en la audiencia Nacional el acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, por el que reconocen la evasión tributaria y aceptan la multa con tal de evitar la cárcel. El fiscal rebajó en su escrito definitivo algunas de las cuotas defraudadas por los Carceller y retiró la acusación de blanqueo.
La Fiscalía Anticorrupción acusaba a padre e hijo de evadir 72, 32 millones de euros en impuestos entre los ejercicios 2003 y 2009. La Fiscalía pedía para Demetrio Carceller Coll una pena de hasta 48 años y medio de prisión por 13 delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, y una condena de 14 años de prisión para su hijo Demetrio Carceller Arce por cuatro delitos fiscales y blanqueo.
El fiscal consideraba que desde 1990, Carceller Coll simuló residir fuera de España (concretamente entre Portugal y Reino Unido) para eludir sus obligaciones con Hacienda. Esta estrategia le permitió ocultar a Hacienda durante años que era el titular real de “importantes paquetes de acciones” de empresas domiciliadas y que operaban principalmente en España.
Los rendimientos que les daban estos títulos se desviaban a países conocidos como “paraísos fiscales”: Panamá, Luxemburgo y las Antillas Holandesas. Desde, estos paraísos fiscales, los fondos se invertían en grandes operaciones inmobiliarias principalmente de Estados Unidos.
El fiscal, en virtud del acuerdo de conformidad, rebaja en varios grados la gravedad de las penas solicitadas inicialmente. Así, al tener en cuenta que los acusados habían “reparado totalmente el daño causado” antes del juicio, reduce de tres años y tres meses a seis meses y nueve meses, según los casos, las penas por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública. Al no superar cada una de estas penas individualmente el año de duración, el Código Penal permite sustituirlas por una multa, que se fija en 55,65 millones y que se detraerá de la fianza que les fue impuesta a los acusados.
Esta rebaja penal se suma a la reducción en las cuotas defraudadas pactada el pasado 15 de julio. De este modo, de los 45, 33 millones de euros defraudados entre los años 2003 y 2009, se pasa a una cuota defraudada de 24,68 millones con unos interés de 12,05 millones. Estas cantidades ya han sido satisfechas por los acusados, “extremo determinante para alcanzar la conformidad”, recuerda la fiscalía.
Periódico Digital El País
