Tras cinco años de investigaciones, el juez encargado de la mayor Trama de corrupción urbanística en Sanxenxo (Galicia), cometida en plena burbuja inmobiliaria, ha decido cerrar el caso tras no haber encontrado ningún ilícito escrito de acusación.
Los hechos se remontan al 2011 cuando tres jueces y un fiscal fueron acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y ordenación del territorio. La investigación judicial pretendía sacar a la luz los excesos urbanísticos del epicentro turístico de las Rías Baixas.
Esta investigación judicial perjudicó seriamente al PP, ya que le supuso perder las elecciones municipales y la salida de su candidata Catalina González por su imputación en dos de las causas judiciales. También se vio afectada la Gerencia de Urbanismo (oficina creada por el PP para atender las demandas de construcción) que tendrá que endeudar el 70% de su presupuesto, tras haberse descubierto licencias ilegales y conductas tendenciosas e irresponsables de los constructores.
Periódico Digital El País
